Meloni y el Estado que no obedece al voto
Llegadas por mar a la baja, repatriaciones al alza, ciudades aún frágiles: el problema no es solo quién gobierna, sino la maquinaria que gobierna de verdad
Después de casi cuatro años de Gobierno de Meloni, hay que plantear una pregunta sin disimulos: ¿por qué muchos italianos aún no ven un giro claro en seguridad urbana, inmigración irregular, degradación y orden público? Giorgia Meloni es presidenta del Consejo de Ministros desde el 22 de octubre de 2022; ya no estamos en la víspera ni en el rodaje. Y, sin embargo, la sensación en las ciudades suele ser la de un país que cambia de Gobierno pero no de dirección.
La respuesta más perezosa sería hablar de fracaso. La más seria es otra: el Gobierno ha obtenido resultados parciales, pero aún no ha doblegado la maquinaria. Las llegadas por mar, a 30 de junio de 2026, son sensiblemente inferiores a las del mismo periodo de 2025 y 2024: 14 372 frente a 30 060 y 26 015. También crecen las repatriaciones: 4221 en los primeros meses de 2026 frente a 3202 en 2025 y 2535 en 2024. Datos reales, no propaganda. Pero insuficientes para producir una transformación visible en la vida cotidiana.
Ahí está el nudo político. El Estado italiano no es una palanca que se mueve en cuanto el ciudadano vota. Es un mecanismo de capas superpuestas: prefecturas, ministerios, entidades locales, aparatos técnicos, oficinas, pliegos, convenios, recursos, interpretaciones, dictámenes. El prefecto representa al Gobierno en el territorio y es la autoridad provincial de seguridad pública; los directivos públicos, por ley, adoptan los actos administrativos y responden de la gestión. En otras palabras: la política orienta, pero la Administración ejecuta. O ralentiza. O traduce. O neutraliza.
Después está el sistema de acogida. Ya no es solo emergencia: es una cadena estable. A 30 de junio de 2026 hay más de 132 mil personas en el circuito nacional de acogida entre centros de primera recepción, otros centros y el SAI [Sistema de Acogida e Integración italiano]. Cada plaza, cada servicio, cada gestión significa contratos, personal, instalaciones, procedimientos, economías territoriales. No se desmonta con un eslogan. Se desmonta con auditorías, licitaciones breves, controles rigurosos, revocaciones automáticas y publicación íntegra de los costes por entidad gestora.
La jurisdicción añade otro dique. No hace falta evocar conspiraciones: basta observar el mecanismo. Sobre el protocolo Italia-Albania y los «países seguros» han intervenido jueces nacionales y el Tribunal de Justicia de la UE, imponiendo límites estrictos al poder político en materia de internamiento y procedimientos acelerados. El resultado práctico es claro: una norma puede votarse, pero no por ello se hace inmediatamente efectiva.
Mientras tanto, la delincuencia denunciada ha vuelto a subir en las grandes áreas urbanas: en 2024 los delitos registrados fueron 2,38 millones, un +1,7% respecto a 2023, con Milán, Florencia y Roma a la cabeza en denuncias por cada 100 mil habitantes. La pequeña delincuencia no se combate solo con normas más duras, sino con presencia sobre el terreno, expulsiones ejecutables, certeza administrativa y responsabilidad de los máximos cargos locales.
La conclusión es incómoda: Meloni no ha perdido porque no haya hecho nada; corre el riesgo de perder porque ha hecho demasiado poco sobre la estructura que decide si sus decisiones se hacen realidad. Hacen falta cinco medidas: responsabilidad anual medible para prefectos y directivos; base de datos pública sobre acogida y repatriaciones; CPR [centros italianos de internamiento para la repatriación] que funcionen y puedan controlarse; contratos de acogida revocables según resultados; vía judicial rápida y definitiva para las órdenes de expulsión.
Cambiar al piloto fue necesario. Ahora hay que rehacer el motor. De lo contrario, el voto sigue siendo un rito elegante y el Estado continúa caminando por su cuenta.