Abstención: el voto traicionado por la falta de resultados

Se sigue repitiendo, con cierta suficiencia de salón, que los italianos estarían desencantados con la política, como si millones de ciudadanos hubieran perdido de repente el sentido de lo público, el gusto por el debate, incluso el instinto elemental de defender su propio futuro. Es una lectura cómoda, pero profundamente inexacta. Los italianos no están desencantados con la política; están desencantados con la falta de resultados, con la promesa que no se convierte en acto, con la reforma que no se convierte en vida cotidiana, con el voto que parece solemne el día de las urnas e irrelevante desde la mañana siguiente.

Las cifras no son un detalle ornamental. En las elecciones generales de 2022 la participación se quedó en el 63,91%, el nivel más bajo de la historia republicana; en las europeas de 2024 descendió al 49,69%. No estamos ante una simple pereza cívica, sino ante una fractura entre mandato popular y percepción de la eficacia democrática.

El elector adulto no exige que un Gobierno transforme el país por decreto, ni ignora que existen Constitución, controles, límites financieros, poderes autónomos y garantías. Pero exige algo más serio: que cuando una mayoría recibe un mandato, ese mandato pueda ejercerse, discutirse, corregirse si es necesario, pero no neutralizarse en una ciénaga de aplazamientos, dictámenes, reglamentos que faltan, inercias administrativas e interpretaciones que, aunque se presenten como neutrales, a veces acaban adquiriendo un peso político sin haberse sometido nunca al juicio de los electores.

Aquí hay que introducir una regla nueva, sencilla y casi quirúrgica: toda decisión pública relevante debe tener trazabilidad de su ejecución. Si se aprueba una ley, hay que publicar no solo su texto, sino también la lista de los actos necesarios para hacerla operativa; si esos actos no llegan, debe hacerse público el aparato que los retiene, ralentiza o bloquea, indicando la estructura responsable, la fase del procedimiento, el plazo incumplido, la motivación formal y el tiempo transcurrido. No para exponer a las personas a la picota, sino para impedir que el anonimato burocrático se convierta en una forma de poder irresponsable.

Esta sería una reforma de higiene democrática. El ciudadano tiene derecho a saber si una medida está paralizada en un ministerio, en una dirección general, en una conferencia entre entidades, en una oficina técnica, en un dictamen preceptivo, en un recurso o en un decreto de desarrollo que nunca se ha escrito. La democracia no puede limitarse a decir quién votó una ley; también debe decir quién, en los hechos, impidió su existencia concreta. Solo así el voto vuelve a ser mandato cívico y deja de ser representación teatral.

En política, además, hay que dejar de ser hinchas y ponerse a estudiar. Mientras el elector siga siendo hincha, otros confeccionarán para él consignas, indignaciones, miedos y lealtades del día; cuando, en cambio, estudia, compara promesas y resultados, distingue un anuncio de una medida y una medida de un efecto real. Es ahí donde deja de ser consumidor de la política ajena y vuelve a ser ciudadano, es decir, juez soberano del poder.

También la confianza en las instituciones confirma esta necesidad de verificación: según Istat, en el informe sobre el año 2024, solo el 22,4% de los ciudadanos atribuye a los partidos un nivel de confianza al menos suficiente, mientras Parlamento y Gobierno se mantienen en porcentajes que no pueden tranquilizar a nadie.

A quien ya no vota no hay que insultarlo, adularlo ni culpabilizarlo. Hay que recuperarlo con resultados, responsabilidad y consecuencias. El voto volverá a ser central cuando cada promesa tenga un plazo, cada retraso un nombre institucional, cada bloqueo una motivación pública y cada aparato la decencia de responder ante el país que lo mantiene.