La fuerza centrífuga del impuesto sobre el patrimonio

El debate sobre el impuesto sobre el patrimonio vuelve cíclicamente al centro de la agenda política europea e italiana: freír a impuestos los patrimonios y las rentas altas resulta, sin duda, políticamente seductor y emocionalmente satisfactorio para el electorado.
La ciencia económica y la historia demuestran, en cambio, que tratar al contribuyente como una variable estática casi siempre se convierte en un bumerán para las cuentas públicas. La razón reside en un mecanismo estructural inevitable que se activa en cuanto la fiscalidad se percibe como injusta: la fuga de capitales.
Cuando la presión fiscal supera el nivel de alerta, aparece una fuerza centrífuga que empobrece rápidamente a la nación, empujando a los afectados hacia el centro de gravedad fiscal más acogedor.
Lo mismo sucede con la igualmente brillante idea de castigar las rentas más altas: ¿qué ocurre, por ejemplo, si el Estado decide gravar con tipos desproporcionados a quien tiene capacidad de ganar 20, 30 o 50 000 euros al mes?
En esos niveles de renta casi nunca hablamos de capitales pasivos, sino de altos directivos, emprendedores digitales, cirujanos de fama internacional. Imponer una fiscalidad punitiva sobre estas cifras genera tres efectos secundarios inmediatos:

La deslocalización del talento: quien gana esas cifras tiene una movilidad global absoluta. Puede decidir en pocas semanas trasladar su residencia fiscal a Suiza, a Dubái o a países con regímenes de tipo único para nuevos residentes.

La desaparición del consumo interno: una renta muy alta que abandona el país no solo deja de pagar impuestos directos (como el IRPEF [impuesto italiano sobre la renta de las personas físicas]). Deja de gastar en el territorio y elimina la recaudación generada por el IVA, los impuestos sobre bienes de lujo, las inversiones inmobiliarias y la actividad económica local asociada.

El desincentivo al crecimiento: el Estado que retiene casi todo el margen ganado apaga el impulso de producir más, de crear o atraer nuevas empresas.

La historia es un cementerio de impuestos nacidos para castigar la opulencia y que acabaron empobreciendo al Estado. Algunos de los innumerables ejemplos que podrían enumerarse:

El Superbollo en Italia (2011) [recargo sobre el impuesto de circulación]: el impuesto sobre los coches de más de 185 kW debía aportar 168 millones; llegaron unos 60 y, según UNRAE [asociación italiana de representantes de vehículos extranjeros], el recargo le cuesta al erario «120 millones de euros al año de ingresos perdidos» (traducción propia). Los coches de lujo huyeron al extranjero y desaparecieron los ingresos por cambios de titularidad, combustibles y mantenimiento.

El impuesto de lujo sobre los yates en Estados Unidos (1991): el gravamen del 10% sobre las embarcaciones provocó el desplome del mercado náutico interno y «más de 25 000 trabajadores especializados despedidos» (traducción propia), según la asociación de fabricantes náuticos (una comisión del Congreso estimó más de 9000 empleos perdidos por el conjunto de los impuestos sobre el lujo). Se derogó de urgencia en 1993 para frenar los costes de los subsidios de desempleo que había causado.

La abolición del impuesto sobre el patrimonio en Suecia (2007): agotada por la fuga de «más de 500 mil millones de coronas» (traducción propia; estimación del Gobierno sueco, más de 50 mil millones de euros) y por el traslado al extranjero de los fundadores de gigantes como IKEA y Tetra Pak, Suecia tuvo que eliminar el impuesto para hacer volver la liquidez.

El impuesto sobre las ventanas en Inglaterra (ejemplo histórico de 1696): para no pagar, los propietarios «tapiaron literalmente la luz» (traducción propia), provocando una crisis sanitaria urbana.

No olvidemos que los ricos tienen instrumentos legales y logísticos para desplazar su centro de gravedad a dos clics de distancia. Cuando los grandes capitales y las rentas importantes abandonan las fronteras nacionales, las necesidades fiscales del Estado no desaparecen: sencillamente, se estrechan sobre quien se queda. Es perverso prometer mayor equidad para acabar imponiendo la carga fiscal a quien, sin quererlo, está arraigado en el territorio. Es él quien termina pagando la cuenta de una retórica política desmentida por las cifras.

Sin una coordinación multilateral global real (como el impuesto mínimo global debatido en el G20), cualquier intento unilateral de introducir un impuesto sobre el patrimonio neto o de sobregravar las grandes rentas produce un único resultado matemático: el empobrecimiento del tejido económico nacional. Tratar el capital y el talento como variables estáticas sigue siendo el error de cálculo más grave y costoso que unas cuentas públicas pueden cometer.