Sanidad pública: de derechos se muere

La sanidad pública no es gratuita. Ya está pagada. Más aún: está pagada por adelantado.

Se paga en los impuestos, en la nómina, en las cotizaciones, en el IVA, en esa presión fiscal que en 2024 alcanzó el 42,5% del PIB. Dentro de esa recaudación también está el Servizio sanitario nazionale [Servicio Nacional de Salud italiano, SSN]: en 2025 el gasto sanitario público se cifró en unos 141,5 mil millones de euros; para 2026 se prevén alrededor de 148,5 mil millones. Más del 6% del PIB. No una partida secundaria, sino uno de los grandes pilares del coste del Estado.

Después llega la realidad, y la realidad casi siempre tiene forma de lista de espera. Se financia el sistema público y después se pide una consulta privada. Se paga el SSN y después se paga el centro de diagnóstico. Se aporta para tener derecho a la atención y después se compra un seguro o se echa mano al bolsillo para no esperar meses.

Es aquí donde la palabra «derecho» empieza a resquebrajarse. Porque un derecho pagado dos veces ya no es solo una conquista cívica: se convierte en una pregunta legítima.

¿Cuánto le cuesta de verdad al contribuyente esta promesa? ¿Y qué recibiría si pudiera conservar al menos una parte de lo que hoy absorbe un sistema que a menudo no consigue atenderle en plazos compatibles con sus necesidades reales?

No es una pregunta contra la sanidad. Es una pregunta para salvar a la sanidad de sí misma.

El artículo 32 de la Constitución protege la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Fórmula elevada, noble, necesaria. Pero el derecho es materia viva: nace en un tiempo, evoluciona en la historia, debe medirse con la realidad. La pregunta, hoy, no puede eludirse: ¿sigue siendo suficiente esa lectura del artículo 32 ante un Estado sometido a una fiscalidad excesiva, listas de espera estructurales, gasto creciente y un círculo de beneficiarios cada vez más amplio?

De derechos se vive, desde luego. Pero de derechos se muere cuando se separan de los deberes.

Una comunidad nacional no es un cajero automático moral. Es un pacto, una alianza, un acto de confianza recíproca. Primero se contribuye, después se exige. Primero se pertenece a ese pacto, después se accede plenamente a sus beneficios. El Servicio Nacional de Salud lo construyeron generaciones que trabajaron, cotizaron, renunciaron, mantuvieron hospitales, formaron médicos, pagaron instalaciones. No es una renta natural. Es patrimonio nacional.

Por eso el pleno acceso ordinario al SSN debería reservarse a los ciudadanos y, con prudencia, a quien demuestre una larga y proporcionada trayectoria de cotización. Para los demás: atención urgente, protección de menores, atención esencial a la maternidad y salud pública siempre garantizadas; pero prestaciones ordinarias mediante seguro obligatorio, contribución específica o reembolso del coste.

Hoy, en cambio, el ciudadano extranjero con permiso en regla puede inscribirse en el SSN; la asistencia también puede extenderse a los familiares a su cargo con residencia legal. Es la ley vigente. Pero precisamente porque está vigente, puede discutirse.

La cuestión no es negar atención. Es restablecer la proporción.

Si un solo ingreso abre el acceso sanitario estable a una familia numerosa, mientras la familia italiana media ya es pequeña, ¿quién sostiene la diferencia? ¿Quién paga la distancia entre lo que se aporta y lo que se recibe? ¿Sigue siendo solidaridad o es una forma de beneficencia pública administrada con dinero ajeno?

Un Estado serio debe tener el valor de distinguir: emergencias sí, salud pública sí, derechos plenos solo dentro de una pertenencia real y contributiva.

Lo demás no es humanidad. Es imprudencia contable. Y la imprudencia, antes o después, siempre pasa factura.