El Estado que te cobra impuestos dos veces

El Italiano practica como profesional un deporte casi desconocido en otros lugares: la autoimposición fiscal. Pese a vivir bajo una de las presiones fiscales más altas de Europa, al Italiano —sí, con la «i» mayúscula— le toca volver a comprar lo que ya ha adquirido a precio generoso. Y lo hace a través de un impuesto que ningún F24 [formulario italiano de pago de impuestos] registra, que ningún código tributario contempla y que, sin embargo, golpea con puntualidad implacable. Es la exacción oculta sobre el fracaso de los servicios: se paga por una prestación, se recibe incompleta y se vuelve a comprar en otra parte. A precio completo.

Tomemos la seguridad. En Roma, a un tiro de piedra de la Fontana de Trevi, una veintena de comerciantes de via del Lavatore —lo cuenta Il Tempo— se han asociado para financiar vigilancia privada contra estafadores y pequeña delincuencia. No en sustitución de las fuerzas del orden, precisan con cortesía. Pero la cortesía no borra el fondo: quien trabaja entrega al Estado su parte y después vuelve a pagar simplemente para poder trabajar. Donde retrocede la autoridad pública, avanza la cartera del ciudadano.

Tomemos las pensiones. Se cotiza durante cuarenta años y después se descubre que la pensión pública por sí sola puede no bastar para mantener un nivel de vida digno y que la previsión complementaria será cada vez más decisiva ya en las próximas décadas. Traducido: después de financiar el sistema obligatorio, el ciudadano prudente debe construirse un segundo bote salvavidas. Quien pueda. Quien no pueda, que se las arregle.

Tomemos la salud. Se financia el Servicio Nacional de Salud italiano y después, para una consulta en un plazo decente, se llama a la puerta de la sanidad privada. En el primer cuatrimestre de 2026, según los datos de Agenas recogidos por Quotidiano Sanità, siguen quedando unos dos millones de consultas y pruebas fuera de los plazos garantizados. La OCDE retrata una verdad incomodísima: en Italia muchas familias ya pagan la sanidad con los impuestos, pero cuando necesitan atención de verdad se ven obligadas a echar mano al bolsillo, a menudo hasta comprometer el presupuesto del hogar.

No es polémica. Es contabilidad moral.

Y es una contabilidad que difícilmente conmueve a quien decide desde lejos, protegido por sueldos seguros, reembolsos puntuales, agendas blindadas y vías preferentes no siempre declaradas pero a menudo percibidas. El ciudadano común, en cambio, no vive de percepciones institucionales. Vive de esperas, facturas, cotizaciones, consultas aplazadas, persianas que proteger, vejeces que financiar.

El pacto fiscal se apoya en una promesa elemental: se paga mucho, pero se recibe lo necesario. Cuando, en cambio, se paga mucho y después hay que volver a comprar íntegramente seguridad, pensión y salud, el Estado del bienestar ya no existe: existe una duplicación forzosa del gasto doméstico. Y quien la sufre deja de sentirse ciudadano. Se convierte en súbdito que paga tributo.

Las salidas existen y no piden retórica, sino nervios templados. Primero: donde el Estado no garantiza protección suficiente, los gastos documentados de vigilancia de comercios, comunidades de propietarios y zonas expuestas deben ser deducibles. No es un regalo, es una devolución.

Segundo: previsión complementaria automática, sencilla, transferible, con costes supervisados y un incentivo fiscal sólido para jóvenes, autónomos y rentas medias. La vejez no puede convertirse en una lotería solo para informados.

Tercero: plazos sanitarios realmente exigibles. Si la sanidad pública los incumple, debe corresponder el acceso a centros privados concertados sin doble desembolso. Un derecho ya pagado, no una concesión otorgada.

Y habría muchas otras intervenciones normativas. Basten, por ahora, estas.

El contribuyente no invoca prodigios. Reclama algo más antiguo y más severo: que lo que ha aportado le vuelva en servicios reales. Todo lo demás es gabela disfrazada de civilización.